Estão confirmadas as datas e local em que se realizará o 21º Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad). O evento está marcado para 8 a 11 de novembro de 2016, em Santiago (Chile).

Os painéis do evento ainda estão em formação. Os trabalhos submetidos devem abranger uma das sete áreas temáticas definidas para o evento: profissionalização, ética e probidade como pilares para a construção de um novo servidor público; avaliação, gestão de qualidade e inovação como ferramentas para a efetividade das instituições públicas; gestão local e descentralização desde a perspectiva do desenvolvimento sustentável de cidades; administração pública inclusiva como base do desenvolvimento humano; direito público, direitos fundamentais e garantias jurídicas como elementos essenciais do direito à boa administração; desenho e gestão de políticas públicas no século 21; governo aberto desde a perspectiva da transparência, da colaboração e da participação cidadã no setor público.

Mais informações sobre o evento e as áreas temática estão disponíveis no texto abaixo, retirado do site do Clad.

 

XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública

Clipping: Clad

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Chile, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Dirección Nacional del Servicio Civil, tienen el placer de anunciar la celebración del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública que se llevará a cabo en Santiago, Chile, del 8 al 11 de noviembre de 2016.

Áreas temáticas

El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

Profesionalización, ética y probidad como pilares para la construcción de un nuevo servidor público
Coordinador: Pedro Guerra Loins. Subdirector de Desarrollo de Personas. Dirección Nacional del Servicio Civil. Chile

En los últimos años, los países iberoamericanos y el mundo en general, hemos sido testigos de un cambio en la relación de poder en los sistemas gobernantes. Sumado a los poderes formalmente ya establecidos en todo Estado, unido a la permanente influencia de los medios de comunicación, y ante la instalación del fenómeno de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el mundo global, ha resurgido con fuerza en los últimos años un nuevo poder, constitutivo de todas las democracias: la voz de la ciudadanía. Movimientos surgidos en los últimos años como los indignados en España, o en EE.UU., han dado pie a un nuevo posicionamiento del actor principal por excelencia en toda democracia: los ciudadanos. Ciudadanos que no pertenecen a ninguna estructura política determinada, empoderados, exigentes, vigilantes, con sentido y conocimiento profundo de sus derechos fundamentales, han situado a la gestión pública y sus gobiernos en un nuevo escenario.

Si anteriormente, el tránsito de un modelo burocrático al paradigma de la Nueva la Gestión Pública con sus principios de dinamismo, economía y eficiencia, permitió enfrentar los desafíos de ese momento, hoy los países de Iberoamérica estamos enfrentados no sólo a profundizar la profesionalización de la gestión pública, sino a poner especial foco en la mirada ciudadana como depositario final de esta profesionalización. Hoy debemos responder a una mirada escéptica, crítica, exigente y consciente de sus derechos y deberes. El ciudadano, por sobre cualquier órgano contralor, se ha transformado en un actor fundamental que evalúa, exige y juzga el trabajo del servidor público. 

No sólo nos compete consolidar el proceso de profesionalización de la función pública en nuestros países, a través de los servicios civiles, estructuras organizativas, normativas, indicadores u otros mecanismos para medir nuestra actuación. Se transforma en un deber ético, el volver a poner al centro el por qué y para quién se realiza la función pública, y cómo los servidores públicos, debemos actuar con ética, transparencia y probidad frente a la ciudadanía, la base de nuestra legitimidad. 

Así, nos vemos enfrentados a un nuevo servidor público. No sólo que adopte las normas y conozca a cabalidad su trabajo técnico, o que siga las prácticas asociadas a la nueva gestión pública. Por sobre todo, hoy debe recuperar la credibilidad y el sentido final de su trabajo y aporte a la sociedad, actuando con ética y probidad, respondiendo a las exigencias de los ciudadanos, preservando los derechos fundamentales, no sólo hacia la ciudadanía, sino partiendo por sus propias instituciones.

Lo anterior, impactará en mecanismos concretos como: perfiles de ingreso con directivos y funcionarios con altas exigencias de ética y probidad; acciones formativas y de inducción que las consideren; reforzar la formación universitaria previa al ingreso en las carreas afines, siendo ejemplo de principios de igualdad y no discriminación, cuidando de la información privilegiada o confidencial, resguardando los intereses públicos sin entrar en contradicción con los intereses personales, buscando innovación para mejorar constantemente y optimizar los recursos, con estructuras y sistemas de evaluación por parte de la ciudadanía y centrados en la máxima transparencia, respetuosos del diálogo social y de las organizaciones representativas de los funcionarios, valorando la participación.

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas
Coordinadora: Ana María Ruíz Martínez. Presidenta. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). España

 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 establece un conjunto de principios que deberían guiar los diseños estratégicos y la gestión de los gobiernos y administraciones públicas. Ahora bien, dos de ellos se relacionan más directamente con el quehacer de éstas últimas: la transparencia y rendición de cuentas y el rendimiento en términos de eficacia y eficiencia. La evaluación de políticas públicas, la gestión de calidad y la innovación son herramientas que pueden contribuir a que estos principios evolucionen de inspiradores a efectivamente aplicados en la gestión pública.

Por lo que respecta a la evaluación de políticas públicas, el principal problema es su escasa institucionalización en nuestros países. De tal manera que la implantación de sistemas de evaluación efectivos que sistematicen su práctica en las administraciones públicas junto a la incorporación de enfoques más integrales pueden considerarse las principales innovaciones en este campo. 

La introducción de modelos de gestión de calidad en las administraciones públicas ha propiciado la incorporación de nuevos valores a la cultura de las organizaciones públicas. Aunque presenta un grado de institucionalización mucho más elevado no es menos cierto que siguen presentes grandes retos: la variabilidad en su grado de implantación, la necesidad de seguir insistiendo en que el elemento nuclear de este enfoque de gestión es la mejora continua o de avanzar hacia modelos de evaluación de los servicios y organizaciones públicas más sinérgicos con los utilizados en evaluación de políticas públicas.

El reto de innovar en las administraciones públicas implica la capacidad hacer las cosas de forma diferente o cosas radicalmente nuevas desde la perspectiva de la generación de valor público. Pero el salto hacia la innovación en las organizaciones públicas cuenta con mayores posibilidades de éxito si se aborda desde la perspectiva de la mejora continua.

Conocer y compartir modelos de institucionalización de la evaluación de políticas públicas, enfoques novedosos en su práctica, la necesidad de evaluar la política de calidad, de avanzar hacia modelos más transversales de evaluación, de generalizar la cultura de la medición y la evaluación, de generar marcos que propicien la innovación, de cómo gestionarla en organizaciones públicas, constituyen las cuestiones que se someten al debate de expertos y gestores públicos en este área temática.

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades
Coordinador: Luis Fallas. Viceministro. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Costa Rica

La sinopsis descriptiva de esta área temática se publicará en breve…

Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano
Coordinadora: Gabriela Hendler Triador. Subdirectora. Oficina Nacional del Servicio Civil. Presidencia de la República. Uruguay

La administración pública es la herramienta del Estado para ejecutar sus cometidos. En ese sentido entonces, resulta inevitable concluir que su accionar debe inspirarse en la satisfacción del interés general y por ende propender a la protección de los derechos de los ciudadanos con criterio de inclusión. Ser su garantía, en virtud de su rol de interlocutor entre los ciudadanos y el Estado.

En una era de incontenibles avances tecnológicos y según sea el caso, de crecimiento económico, paradojalmente parece ser cada vez más necesaria la distribución equitativa de la riqueza. Esto queda demostrado con los altos niveles de desigualdad que exhibe la región latinoamericana. 

Esa concepción de ente protector o garante de derechos, permite definir dos escenarios en los que la administración pública puede actuar bajo la consigna del desarrollo humano y desde una perspectiva inclusiva: un primer escenario que es interno, es decir, dentro de su propio ámbito, promoviendo políticas que faciliten el acceso a puestos de trabajo en el sector público, atendiendo a la protección de la diversidad, así como adecuando las condiciones de trabajo que aseguren el normal desempeño y pleno desarrollo de las personas, es definitiva, siendo garante de la inclusión y del reconocimiento de los derechos de grupos humanos en situación vulnerable o desigual.

Un segundo escenario es el externo, que apunta a la consagración de políticas públicas que promuevan la protección integral de los derechos de los ciudadanos, en ese sentido y a vía de ejemplo, que promuevan la inclusión social, la equidad en todas sus dimensiones, respeto a la diversidad, accesibilidad, en suma, toda acción tendiente al libre ejercicio y profundización de los derechos de las personas.

Los conceptos vertidos anteriormente constituyen los principales ejes del enfoque de esta área temática. Dicho en otras palabras, esta área relevará experiencias, proyectos, propuestas, puntos de vista, que reflejen el estado del arte en la materia. Qué tanto hemos avanzado, cuáles han sido las conquistas tendientes a lograr una administración pública que camine junto a las personas, es más, que las respalde en el legítimo ejercicio de sus derechos.

Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración
Coordinadora: Mónica I. Castillo Arjona. Secretaria General. Procuraduría de la Administración. Panamá

Hoy en día los países de Iberoamérica se enfrentan a realidades tan tangibles, como la mala distribución de la riqueza, y la poca respuesta del Estado a sus necesidades básicas, elementos que inciden radicalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, así como éstos son conscientes de sus problemas sociales, de igual manera, tienen claramente internalizado, que el Estado, a través de una buena administración, se encuentra en la obligación de garantizar y velar porque estos aspectos constituyan los indicadores primarios de una política de Estado.

No obstante, la constante que emerge en nuestros países, se evidencia en un claro resquebrajamiento de las instituciones, el cual da pie a altos niveles de corrupción, síntomas que se le atribuyen de manera directa a la falta de eficiencia de la administración pública en solucionar estos problemas.1

Cuando nos referimos a una buena administración, reconocemos que es un principio que debe constituir la base fundamental de la administración pública. Y aunque en la mayoría de nuestros sistemas legales no se plantea expresamente como un derecho fundamental. Lo cierto es que podemos considerarlo como un derecho derivado de preceptos constitucionales, claramente reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos; como lo son: la legalidad y el debido proceso. Ya que el mismo se convierte en una garantía del procedimiento administrativo.

El Derecho Público actual, enfrenta grandes retos, entre ellos, cambiar la visión con que el Estado y sus órganos se relacionan con los particulares. Actualmente, la intromisión de instituciones del derecho privado en el público, tal cual lo vemos materializado en figuras legales como los contratos públicos, nos lleva a concluir que el principio de potestad de imperio que caracteriza la relación del Estado con sus particulares, como principal pilar del derecho público, debe reenfocarse, a fin de dar pie a una relación más horizontal, dejando a un lado la subordinación frente al Estado, y dando paso a una relación caracterizada por el respeto a los derechos humanos.

Se requiere de ordenamientos jurídicos que se encuentren conformados de manera integral, por marcos regulatorios que desarrollen a cabalidad los derechos fundamentales, así como las garantías jurídicas. De igual manera, de sistemas de justicia que velen por su estricto cumplimiento. Aunado a colaboradores de la administración que surjan de sistemas de mérito y que conozcan la mística de trabajo que requiere la administración pública de hoy. La suma de lo anterior, traerá como consecuencia que nuestras sociedades empiecen a creer nuevamente en los gobiernos, y por ende, en sus instituciones. Lo que redundará en una mejor gestión pública, y por lo tanto, en una mejor relación del Estado con sus particulares.

1 Castro, Alberto (Editor). Buen Gobierno y Derechos Humanos. Lima, Perú. Pág. 17. 2014.

Diseño y gestión de políticas públicas en el siglo XXI
Coordinadora: Gloria Beatriz Benítez Jara. Directora. Dirección General de Planificación y Monitoreo. Secretaría de la Función Pública (SFP). Paraguay

El dinamismo y la creciente exigencia por una gestión eficiente, en particular para la gestión de políticas públicas efectivas, sumado a la escasa confianza de la sociedad hacia los gobiernos, obligan a una atención mayor en el diseño e implementación de estas políticas.

Lleva a plantear algunos cuestionamientos, si: ¿responden las políticas públicas diseñadas, a lo que realmente la sociedad requiere?; ¿se considera como foco principal a la demanda social en el momento de diseñar o definir las políticas?; ¿tienen los gobiernos capacidad para acompañar el dinamismo de la demanda de servicios de los ciudadanos y ciudadanas?; ¿existen previsiones de ajustes en caso de que las políticas implementadas no respondan a los requerimientos?; ¿comunican lo que hacen y escuchan cuando les señalan que hacen mal?

Asimismo, hay que reconocer que los resultados de las políticas públicas en las últimas décadas son poco auspiciosos, evidenciados en el crecimiento de la pobreza, la inequidad y problemas ambientales, entre otros.

Por ello el desafío para los gobiernos, imponiéndose un modelo relacional para el diseño y gestión de políticas públicas, que reconozca tanto la doble tendencia, hacia la sinergia y la descentralización de competencias y recursos, como la intervención del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, en las etapas que lo requiera.

Se sugiere que los paneles aborden cinco temas principales: a) procesos de reforma del Estado y su impacto en el diseño de políticas públicas, b) innovación en la gestión de políticas públicas, c) experiencias exitosas de alianzas estratégicas (intersectorial/interinstitucional) para la gestión de políticas públicas; d) sistemas de control y rendición de cuentas en la gestión de políticas públicas, y, e) la Comunicación efectiva, valor agregado para el diseño y gestión de las políticas públicas.

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana en el sector público
Coordinador: Jorge Alzamora. Jefe. Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Electrónico. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile

El gobierno abierto se ha colocado en nuestra región y en el mundo, desde sus enfoques teórico y práctico, como una nueva forma de gobernar que aporta herramientas que apoyan el diseño y ejecución de políticas públicas pensadas en los ciudadanos y ciudadanas, y apegadas al interés colectivo. Son muchos los esfuerzos que se verifican en nuestros países con miras a transparentar los procesos de gestión, claro, preciso es admitir el rol determinante que en esto está jugando el empoderamiento de la ciudadanía respecto de los temas del sector público.

Una visión que se ha venido posicionando es la de entender y aplicar estos procesos desde un enfoque más integral y transversal, el de Estado Abierto, incorporando al análisis, estudio e implementación no solo la esfera del Ejecutivo, también las del resto de los poderes y órganos superiores del Estado; con ello se procura que las acciones y herramientas que dimanan de los pilares que constituyen el gobierno abierto, permeen toda la institucionalidad pública.

Tomando en cuenta que el gobierno abierto tiene como fundamento un compromiso de los Estados para modernizar sus instituciones generando políticas públicas que promuevan la transparencia, herramientas tecnológicas, colaboración y la participación ciudadana, los paneles propuestos deberán abordar las políticas públicas impulsadas en los diversos países de Iberoamérica en los ámbitos de transparencia, colaboración y participación ciudadana, así como las experiencias concretas, mostrando las metodologías adoptadas y los elementos críticos y las lecciones aprendidas en la implementación de estas. Las propuestas podrán integrar una visión de las políticas públicas en materia de gobierno abierto ya sea como diseño de política para la modernización del Estado o desde la perspectiva de innovación pública, señalando los elementos de gestión del cambio que fueron requeridos para que estas tuvieren, o no, éxito en su implementación.

Se trata de crear las condiciones que permitan generar debates constructivos a partir de los elementos que identifican el despliegue de los pilares del gobierno abierto, y su incidencia en la calidad y la mejora de los servicios públicos y los trámites administrativos.